Hijos de ex detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar serán incorporados laboralmente, a modo de reparación histórica, en distintas dependencias del estado provincial en el marco de una resolución dictada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Dos hijas de víctimas del terrorismo de Estado imperante durante la última dictadura militar ya solicitaron su admisión en los ministerios provinciales de Salud e Infraestructura.
Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito gubernamental que está en línea con normativas nacionales y compromisos asumidos en el orden internacional como la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que establece, entre otras obligaciones de los Estados, la de brindar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares “una reparación adecuada, efectiva y rápida”.
En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia emitió en agosto pasado una resolución (340/08) donde recomienda a los distintos organismos de la administración provincial la incorporación como trabajadores de los hijos de ex detenidos desaparecidos o asesinados por el terrorismo de estado (1974-1983) a modo de “reparación y honor a su memoria”.
El ministro de Salus, Claudio Zin, destacó que la incorporación de hijos de desaparecidos atiende también “la especial situación de vulnerabilidad de quienes debieron desde su nacimiento afrontar la vida sin la protección y sustento de sus padres”.
En tanto, Zin recibió ayer al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en provincia, Hugo Godoy, con quien se comprometió a cambiar las carátulas de las declaraciones de cesantías de trabajadores de esa cartera en tiempos de dictadura. Es que en expedientes de las víctimas del terrorismo figuran como causal de despido el “abandono de cargo” que ahora será cambiado a “desaparición”.
Estas carátulas fueron utilizadas como pretextos durante la dictadura para despedir arbitrariamente a trabajadores estatales y no estatales.
Por su parte, Godoy agradeció esta reparación simbólica así como la designación de trabajadores en áreas de la administración provincial ya que, indicó, “servirán de precedente para que de ahora en más se incorporen nuevos trabajadores que estén en una situación similar”.
María Inés García, una socióloga de 32 años será incorporada al Ministerio de Salud. Es hija de Gustavo Delfor García Campanini, quien trabajó en el área de Estadísticas de la cartera sanitaria provincial entre 1969 y 1976, año en que pidió licencia laboral. En octubre de 1976, a los 25 años, pasó a integrar la nómina de desaparecidos, y según se estableció posteriormente, estuvo detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su hija María Inés tenía apenas cuatro meses al momento de la desaparición de su padre.
También su madre, Matilde Itzigsohn, de 27 años, y trabajadora del Astillero Río Santiago, fue secuestrada y estuvo en la ESMA. Nunca apareció. María Inés fue criada junto a una hermana por su abuela paterna.
Dos hijas de víctimas del terrorismo de Estado imperante durante la última dictadura militar ya solicitaron su admisión en los ministerios provinciales de Salud e Infraestructura.
Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito gubernamental que está en línea con normativas nacionales y compromisos asumidos en el orden internacional como la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que establece, entre otras obligaciones de los Estados, la de brindar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares “una reparación adecuada, efectiva y rápida”.
En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia emitió en agosto pasado una resolución (340/08) donde recomienda a los distintos organismos de la administración provincial la incorporación como trabajadores de los hijos de ex detenidos desaparecidos o asesinados por el terrorismo de estado (1974-1983) a modo de “reparación y honor a su memoria”.
El ministro de Salus, Claudio Zin, destacó que la incorporación de hijos de desaparecidos atiende también “la especial situación de vulnerabilidad de quienes debieron desde su nacimiento afrontar la vida sin la protección y sustento de sus padres”.
En tanto, Zin recibió ayer al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en provincia, Hugo Godoy, con quien se comprometió a cambiar las carátulas de las declaraciones de cesantías de trabajadores de esa cartera en tiempos de dictadura. Es que en expedientes de las víctimas del terrorismo figuran como causal de despido el “abandono de cargo” que ahora será cambiado a “desaparición”.
Estas carátulas fueron utilizadas como pretextos durante la dictadura para despedir arbitrariamente a trabajadores estatales y no estatales.
Por su parte, Godoy agradeció esta reparación simbólica así como la designación de trabajadores en áreas de la administración provincial ya que, indicó, “servirán de precedente para que de ahora en más se incorporen nuevos trabajadores que estén en una situación similar”.
María Inés García, una socióloga de 32 años será incorporada al Ministerio de Salud. Es hija de Gustavo Delfor García Campanini, quien trabajó en el área de Estadísticas de la cartera sanitaria provincial entre 1969 y 1976, año en que pidió licencia laboral. En octubre de 1976, a los 25 años, pasó a integrar la nómina de desaparecidos, y según se estableció posteriormente, estuvo detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su hija María Inés tenía apenas cuatro meses al momento de la desaparición de su padre.
También su madre, Matilde Itzigsohn, de 27 años, y trabajadora del Astillero Río Santiago, fue secuestrada y estuvo en la ESMA. Nunca apareció. María Inés fue criada junto a una hermana por su abuela paterna.
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