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La unidad es una herramienta eficaz para combatir el abuso sexual

En el día de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación se prepara para convertir en ley el proyecto venido del Senado, para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, llamado comúnmente “Registro de violadores”. 

Es una ley largamente esperada y reclamada desde diversos sectores, especialmente de familiares y allegados a las víctimas de estos horribles crímenes, que parecen ser cada vez más frecuentes, sobre los cuales hay una mayor visibilidad, y ante los que estamos especialmente sensibilizados en éstos días. 

La ley propone facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual con la creación de un sistema de almacenamiento de información genética a partir de las muestras o evidencias biológicas que se obtengan en el curso de una investigación criminal. 

Estarán registradas todas las personas condenadas con sentencia firme –vale remarcarlo- por un crimen contra la integridad sexual. Sobre ellos, conforme establece el artículo 3° además de la información genética (ADN), quedarán registrado: Nombres y apellidos, seudónimos o sobrenombres; fotografía actualizada; fecha y lugar del nacimiento; nacionalidad; número de documento de identidad y autoridad que lo expidió; domicilio actual, para lo cual el condenado, una vez en libertad, deberá informar a la autoridad los cambios de domicilio que efectúe. 

También se almacenará la información genética de autores no individualizados. Para esto se conservarán las muestras obtenidas de los cuerpos de las víctimas de estos delitos y toda evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación que pueda corresponder al autor de la violación. 

El artículo 10 establece que la información deberá estar almacenada por 100 años contados a partir del momento en que sucedió el hecho, y en el artículo 7 se resguarda derecho a la protección de los datos, al considerarse que son de carácter sensible y reservado, y sólo será suministrado a miembros del Ministerio Publico Fiscal, jueces y tribunales de todo el país, en el marco de una investigación. 

Quisiera rendir un sentido homenaje a todas las personas, que desde diversas organizaciones acercaron sus inquietudes a los legisladores para que hoy podamos tener ésta lay, especialmente a las “Madres del Dolor”: porque fueron capaces de sacar desde la más honda y oscura consternación y abatimiento, la fuerza de luchar para que éstos crímenes no queden impunes, y dotarnos como sociedad de herramientas eficaces para evitar que se repitan. Nos han dado una lección de humanidad. 

Ante tales testimonios y justas demandas, como dirigentes políticos y representantes del pueblo, para cuyo bienestar trabajamos, no podíamos permanecer insensibles. Celebro que ésta sea una de las pocas veces en que oficialistas y opositores podamos dejar –aunque sea momentáneamente- nuestras divisiones a un lado, y buscar juntos las soluciones que nuestro pueblo, nuestras mujeres y niños se merecen. Espero que éste sea un camino que podamos transitar más seguido, y que no sea necesario unirnos sólo por el espanto y el horror. 

Como diputada nacional por Provincia de San Luis, me complace votar a favor de ésta iniciativa.

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