¿Qué riesgos legales podrían generar al Estado?
Recientemente el presidente electo Javier Milei manifestó su voluntad de entregar la obra pública en ejecución al sector privado. Dicha afirmación presupone que, en el próximo período, toda obra que esté en ejecución mediante contrato vigente, no recibirá más fondos.
Ante esa situación, ¿cuáles son los distintos escenarios que se pueden suscitar?
En primer término, en los casos de las obras que se encuentran licitadas y contratadas directamente por Nación, el gobierno tendrá que llegar a acuerdos con las empresas. En este marco, cuanto menos, tendrán lugar planteos de “neutralización de obra”, lo que implica una suerte de congelamiento de los plazos y contratos, hasta que estén dadas las condiciones de estabilidad económica para volver a acordar entre las partes.
Otro escenario posible es la rescisión de contratos, sean estos llevados adelante de común acuerdo, o de manera unilateral por parte del gobierno. En esta última posibilidad, el riesgo latente que se afronta es el de sobrellevar un gran número de juicios generados por parte de las constructoras, lo cual será en desmedro del interés de todos los argentinos. ¿Por qué ocurriría esto? Sencillamente porque las empresas apostaron a algo, pusieron en riesgo sus capitales y, obviamente, querrán recuperar lo invertido. Paradójicamente, la vía judicial, puede representar que el Estado deba llevar adelante desembolsos aún mayores a los montos equivalentes a la obra que no se ejecutara.
El tercer escenario posible está determinado por las obras licitadas por provincias o por municipios, pero que son financiadas en un gran porcentaje por el Estado Nacional. Por tanto, al dejar Nación financiar las mismas, tanto las provincias y municipios que estuviesen involucrados, no podrán afrontar el desembolso mensual para la culminación de tales obras y, en este caso caerán nuevamente a tener que tomar decisiones contractuales tal como lo ya explicado.
Que las obras públicas sean ejecutadas por privados, lleva implícita la necesidad de que este sector sea el encargado de presentar dichas alternativas, de proyectarlas, de de buscar sus financiaciones, para luego buscar el recupero de la inversión. Para esto, se debe aclarar que, el sector privado solo invertirá en iniciativas que le resulten rentables. Ante esto, vale preguntarse ¿Qué empresas desarrollarán las obras que (más que rentables) resultan urgentes para atender las necesidades de gran parte de la población en el territorio nacional? Por ejemplo: ¿Qué inversor encontrará rentabilidad en la construcción de caminos para unir puntos distantes y que pudieran resultar poco transitados?. En sectores urbanizados, ¿les resultarán atractivas, por ejemplo, obras mitigadoras de inundaciones?, ¿a quiénes le van a cobrar?, ¿a los vecinos que viven al lado de los arroyos? ¿A los vecinos que viven en asentamientos, con calles de tierra, faltantes de cloacas y con necesidades básicas insatisfechas?.
Hasta el momento, las respuestas a estos interrogantes se encontraban en el concepto del “Estado Presente”, como garante de la mejor calidad de vida que se le debe brindar a todos los argentinos.
Además de lo que va a representar para los argentinos la paralización de la obra pública, esto provocará un impacto negativo a alrededor de los 450.000 trabajadores de dicho rubro, que de manera directa quedarán sin trabajo, y con la consecuente afectación que ello provocará en cada grupo familiar que lo conforman. Por otra parte, miles de empresas del rubro, que son el corazón generador de empleos, seguramente no soportarán la crisis económica.
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