El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, está preparando la presentación de un nuevo Código Penal que busca endurecer las penas para ciertos delitos y establecer una cadena perpetua efectiva. Este proyecto será llevado al Congreso durante las próximas sesiones ordinarias, según fuentes oficiales.
Endurecimiento de penas
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y un equipo de expertos de la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por Jorge Buompadre, han trabajado desde octubre pasado en esta reforma. Entre los principales cambios previstos se encuentra la modificación de la cadena perpetua, para que se cumpla literalmente como una pena de por vida. Actualmente, la normativa establece un máximo de 35 años, excepto en casos excepcionales.
Mientras tanto, las penas por delitos como violaciones también se verán endurecidas. Se busca elevar los años de condena, actualmente de seis a quince años, con posibles extensiones hasta los 20 años en casos agravados. Las autoridades consideran que este tipo de medidas no solo castigarían, sino que también servirían como disuasión.
El equipo tras la reforma
Entre los participantes destacados en la redacción de este proyecto está el camarista Mariano Borinsky, quien ha estado cerrando detalles junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El grupo incluye también nombres relevantes como María Eugenia Capuchetti y Ricardo Ángel Basílico, entre otros juristas y académicos.
Propuestas paralelas: cárceles privadas
En otra línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promueve la creación de cárceles de gestión privada para aliviar la sobrepoblación en las penitenciarías públicas. Aunque este tipo de prisiones ya se anunciaron en mayo pasado para la ciudad de Buenos Aires, aún no han entrado en funcionamiento.
Milei, por su parte, refuerza la iniciativa apoyándose en teorías como las de Gary Becker, que atribuyen al castigo un efecto de disuasión para prevenir delitos. Durante su mandato, ha reafirmado su compromiso con un enfoque de seguridad más estricto: "el que las hace, las paga.”
Con este proyecto y las iniciativas complementarias, el Gobierno apunta a transformar la política penal del país, endureciendo las penas y explorando modelos alternativos para la gestión del sistema penitenciario.
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