"Idiota", "retardado", "imbécil": repudio generalizado a términos discriminatorios en una resolución oficial sobre discapacidad

En una reciente y polémica publicación, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la tormenta al incluir términos considerados despectivos y obsoletos en una resolución oficial destinada a establecer criterios para determinar el acceso a pensiones no contributivas. Palabras como "idiota", "imbécil" y "retardado" aparecieron en el texto de la Resolución 187/2025, desatando una ola de críticas por parte de activistas y organizaciones sociales, a lo que se suma un reciente comunicado de repudio por parte del Taller Protegido de General Paz.

Un "Error" del Pasado

La ANDIS, a través de un comunicado, atribuyó la utilización de términos discriminatorios y arcaicos al "uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", negando cualquier intención de fomentar la exclusión hacia las personas con discapacidad. Según declararon, el texto será corregido y adaptado a estándares médicos y normativos actuales, como los estipulados por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Sin embargo, pese a esta rectificación, el malestar ya estaba sembrado entre diferentes colectivos, que consideran que el episodio refleja un grave retroceso en los derechos que se han ganado a lo largo de los años. En palabras de Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI): "Es un retroceso sin precedentes y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo".

Comunicado de Repudio

El Taller Protegido de General Paz, una institución dedicada al trabajo con personas con discapacidad, emitió un comunicado donde manifestó su indignación respecto a lo sucedido:

REPUDIO

"Nuevamente como institución dedicada al trabajo con personas con discapacidad, nos vemos en la obligación de repudiar las expresiones vertidas en el anexo I de la Resolución N 0459583-2025 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 16/01/2025.

Una vez más enfrentamos palabras que hieren y descalifican, a las personas con discapacidad, por parte del Gobierno Nacional.

'Idiota, imbécil, débil mental'; son algunas de las palabras descalificadoras hacia quienes tienen algún tipo de discapacidad.

El Sr. Presidente y su equipo de gobierno deberían entender y comprender que TODOS tenemos la oportunidad de desarrollarnos en una sociedad inclusiva.

Ojalá llegue el momento que puedan recapacitar y corregir este tipo de agresión hacia quienes solo intentan día a día con esfuerzo y trabajo ser aceptados socialmente."

Contexto Político y Social

Esta controversia también arroja luz sobre las políticas del gobierno de Javier Milei, cuestionado por su enfoque acerca de las personas con discapacidad desde el inicio de su mandato. No menos significativo es el hecho de que Diego Spagnuolo, director de la ANDIS y señalado como cercano al presidente Milei, carece de formación o experiencia significativa en materia de discapacidad. Su figura ha sido criticada por organizaciones como ACIJ, el CELS y la APDH, que no solo exigen la derogación de la normativa, sino que también evalúan judicializar la medida.

La Resolución 187/2025 revive viejas fórmulas de clasificación y términos ya desechados en las guías de referencia global. Por ejemplo, frases del anexo como: "Según el CI, los grupos son: 0-30 (idiota): no atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…", ilustran un marco conceptual caduco y discriminatorio. Estas prácticas están reñidas con los compromisos asumidos por Argentina al adherirse a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Reacciones y Denuncias

La indignación no se hizo esperar. ONG y colectivos sociales consideran que estos términos no solo son agraviantes, sino que perpetúan estigmas históricos hacia quienes poseen alguna condición de discapacidad cognitiva o intelectual. REDI, junto a otras instituciones, presentó un recurso administrativo para anular la resolución debido a su carácter contrario a los estándares constitucionales y convencionales vigentes.

En su presentación, señalaron: "La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad". Asimismo, advirtieron que las medidas de endurecimiento en los criterios para acceder a pensiones no contributivas afectan a sectores vulnerables que ya enfrentan desigualdades estructurales.

A pesar del anuncio de corrección, el episodio subraya un contexto preocupante de regresión en materia de derechos sociales, especialmente hacia el colectivo de personas con discapacidad. Las tensiones no solo evidencian la necesidad de una revisión profunda en las normativas y en los procesos administrativos de la ANDIS, sino también de políticas públicas sustentadas en principios de dignidad e inclusión. El comunicado del Taller Protegido de General Paz refuerza la necesidad de alzar la voz contra estas prácticas discriminatorias. El futuro inmediato verá si estas alertas devienen en cambios concretos o si solo quedan relegadas al ámbito de las promesas.